NUEVA YORK (AP) — El director general de una empresa contratada por la ciudad de Nueva York para albergar y atender a cientos de migrantes renunció después de reconocer que mintió sobre sus antecedentes académicos, en un momento en que la compañía, de nombre DocGo, enfrenta escrutinio por su contrato no licitado de 432 millones de dólares con la urbe.
La renuncia de Anthony Capone el viernes ocurrió horas después de que el periódico Albany Times Union informó que él había mentido acerca de que tenía un título en inteligencia artificial por la Universidad Clarkson. La institución dijo al medio que Capone nunca asistió a sus aulas.
Capone reconoció posteriormente que no contaba con ningún título universitario de ningún instituto de aprendizaje.
“Acepto toda la responsabilidad y haré correcciones inmediatas en todas las biografías, perfiles y cualquier otro material oficial en el que aparezca esta información incorrecta”, señaló en un comunicado.
La empresa confirmó el viernes la renuncia de Capone en un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la cual señaló que el presidente y director de operaciones de la compañía, Lee Bienstock, había sido nombrado su nuevo director general.
El documento señaló “motivos personales” para su renuncia, la cual tenía efecto inmediato.
DocGo ya enfrentaba escrutinio después de que salió a la luz su contrato no licitado con la ciudad de Nueva York, lo que dio pie a cuestionamientos sobre los servicios que la compañía estaba proporcionando, así como la calidad de éstos. Ni la empresa ni funcionarios de la ciudad se mostraron dispuestos a revelar de forma voluntaria los detalles del contrato.
Días atrás, el contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, dijo que había “numerosos problemas e inquietudes” que lo llevaron a rechazar el contrato de emergencia no licitado por 432 millones de dólares de la ciudad con DocGo.
Entre esas preocupaciones, dijo Lander, estaba la falta de “detalle presupuestario para justificar” el valor del contrato y una falta de evidencia de que la compañía tenga “la pericia para brindar los servicios para los que fue contratada”.
El contralor de la ciudad es un funcionario electo de forma independiente.
La decisión de Lander de devolver el contrato sin aprobarlo al Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la ciudad, la cual firmó el acuerdo con DocGo, no puede invalidar el pacto.
El alcalde Eric Adams cuenta con la autoridad para anular la decisión del contralor, y ha dicho: “Vamos a seguir adelante con esto”.
El New York Times informó en agosto que la fiscal general del estado, Letitia James, había abierto una investigación en torno a la empresa, a la cual algunos migrantes y sus defensores han acusado de brindar información imprecisa sobre la capacidad de ellos para trabajar y obtener cobertura de salud, y de otras acciones que podrían poner en riesgo sus posibilidades de obtener asilo.
La fiscal general también está cuestionando si es que personal de seguridad contratado por DocGo los maltrató o amenazó, incluida la posibilidad de que le ordenaran a los migrantes no dar declaraciones a la prensa.
